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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes informó este miércoles que la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (54), una de las principales acusadas en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5), declarará el próximo 7 de octubre.
La fecha fue confirmada durante una nueva audiencia del debate, que se reanudará ese día tras haber sido postergado en jornadas anteriores. Esta determinación surge un día después de que el Poder Ejecutivo correntino aceptara, mediante decreto, el retiro del juez Fermín Amado Ceroleni, quien dejará de presidir el tribunal el 1° de diciembre, tras haber solicitado su jubilación hace dos años.
Al inicio del juicio, los abogados Ernesto González y Agostina Furlán anticiparon que tanto Caillava como su esposo, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (65), declararían en el proceso, aunque condicionaron esa decisión a los testimonios presentados previamente. La defensa habría decidido adelantar la declaración tras las exposiciones de la enfermera Alicia Axon y Deisy Leonela Ávalos, vecina de 9 de Julio, quien aseguró no haber escuchado toser a Caillava mientras estuvo internada en el hospital, pocas horas después de la desaparición de Loan.
Axon, testigo del casamiento de Caillava y amiga personal, afirmó que la imputada arribó al hospital por un cuadro de tos y que la directora del centro sanitario le recomendó corticoides y antibióticos para permitirle asistir a una consulta médica en Corrientes al día siguiente. Caillava justificó ese viaje argumentando que había gestionado el turno antes de la desaparición de Loan, para una consulta ginecológica por un posible caso oncológico. En cambio, Axon declaró que conversaron esa noche y que Caillava le dijo que la visita era a un urólogo por un problema de incontinencia.
El 8 de octubre está prevista la declaración del hijo de Caillava, Jorge Luciano Bertón, quien deberá detallar su accionar durante el 13 y 14 de junio de 2024, fechas clave en la desaparición de Loan. Según análisis de antenas de telefonía celular, algunos investigadores sospechan que Caillava y Pérez pasaron por la vivienda de “Jorgito” al regresar de El Algarrobal, horas después del hecho. Sin embargo, la pareja sostuvo ante la Justicia que volvieron directamente a su domicilio, ubicado al otro lado de la ruta 123.
En la audiencia de este miércoles, el tribunal integrado por Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco rechazó la solicitud para convocar a nuevos testigos, entre ellos el abogado Fernando Burlando y el ex fiscal de Goya Juan Carlos Castillo. También descartaron realizar una reconstrucción del hecho.
Ceroleni se refirió a su próxima jubilación y aclaró que ello no generará demoras ni planteos de nulidad en el juicio. Señaló que el trámite fue iniciado hace dos años y recientemente aprobado por el Gobierno, y destacó que cualquiera de los cuatro jueces restantes puede asumir la presidencia del debate.
Entre los testimonios que se tomaron hoy, declaró Hugo Daniel Duarte, un trabajador municipal de 9 de Julio que presenció los peritajes realizados sobre la Ford Ranger de Pérez y Caillava. Duarte señaló que se incautó una botellita de agua y otro elemento encontrado sobre la alfombra del vehículo, y que observó manchas azules en la parte delantera tras la aplicación de luminol, sustancia que indica la posible presencia de sangre.
Luego, la licenciada en investigación criminal de la Policía Federal Johanna Méndez informó sobre el análisis de los teléfonos celulares de los imputados Laudelina Peña (47), Bernardino Antonio Benítez (39), el comisario Walter Maciel (45) y Mónica del Carmen Millapi (37). Méndez reveló que el día de la desaparición de Loan hubo intensa actividad en el celular de Laudelina, con múltiples contactos con Caillava; Catalina Peña, abuela de Loan; Macarena Peña, hija de Catalina; y Camila Núñez, sobrina política. Además, se detectaron dos llamadas a números no registrados en la agenda.
La especialista añadió que en los teléfonos de Laudelina y Maciel se encontraron fotografías del botín de Loan que fue “plantado” en un lodazal a unos dos kilómetros del lugar de la sustracción. También señaló que Maciel mantuvo numerosos mensajes con una persona identificada como su madre, a quien detallaba las tareas de búsqueda, aunque el abogado del comisario, Richard Vallejos, contestó que ello es imposible porque la madre había fallecido cuando Maciel tenía 17 años.
Por su parte, la suboficial Dalma Yamila Benítez realizó un análisis similar de los celulares de Catalina, Macarena, Benítez y su hijo. Sobre el teléfono de la abuela, especificó que era un modelo analógico y que solo permitía llamadas y mensajes de texto, aunque se detectaron 34 registros de llamados eliminados. También indicó que el celular de Macarena no estaba activo al momento de los hechos.
El oficial subinspector de la Policía Federal a cargo de la investigación también se refirió a los procedimientos realizados en una propiedad de El Algarrobal, en los que participaron perros entrenados en la búsqueda de restos humanos, y a la inspección en un cementerio local, donde se rompió una base de cemento recientemente construida. Se aclaró que dicha estructura había sido erigida por el portero de una escuela para su tumba. En ese lugar, los perros detectaron restos humanos, pero esto fue atribuido a la “cont
