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“Colocó al niño desnudo, mirando hacia la pared a modo de castigo. Le impedía sentarse retirándole la silla. Le demoraba la comida adrede”, declaró ante la Justicia un trabajador del hogar Remedios de Escalada, en Formosa, una institución que aloja a chicos que atraviesan situaciones familiares complejas y quedaron bajo la tutela del Estado.
Quienes vivieron o trabajaron allí describen castigos, malos tratos y medicación para mantener dopados a los chicos. Y aseguran que, a pesar de las denuncias, nadie interviene.
Uno de los casos es el de un nene de 11 años que llegó al hogar en octubre del año pasado tras un episodio de violencia: su padrastro intentó golpear a su madre, Elena, y él se interpuso para defenderla. En medio de la pelea, la mujer, fuera de sí, terminó mordiendo al chico, que fue institucionalizado. Una semana después el padrastro murió de un ACV, pero el nene no volvió con su mamá y sus hermanas: se decidió que siguiera en el hogar.
“La institucionalidad tiene que ser transitoria y extraordinaria. La escuela cuenta que Elena siempre estuvo presente; no condicen los hechos con los que hay en los expedientes y cómo actuó la Dirección de Niñez”, afirmó Gabriela Neme, diputada provincial alineada con La Libertad Avanza y abogada de la madre.
Durante los primeros meses, Elena no pudo ver a su hijo. Recién en marzo empezó a visitarlo los viernes, siempre con la supervisión de un empleado o un psicólogo del hogar. En junio, el chico fue internado por una neumonía y, ya en el hospital, le contó a su mamá lo que vivía puertas adentro.
“Baños con agua fría, los ponían desnudos en los pasillos, los castigaban con la comida, lo dejaban sin comer y lo sobremedicaban. Contó que le metieron la cabeza en el inodoro y que, cuando se portaban mal, les daban una inyección que los hacía dormir. Hasta le pegaban con cintos: tiene una cicatriz en la pierna y moretones”, relató Neme. Según la abogada, el nene también dijo que sus agresores le repetían que su mamá no lo quería y que era un chico abandonado.
En paralelo se conoció la denuncia que un trabajador había presentado dos meses antes contra un compañero. “El Gobierno de Formosa decidió trasladar al operador que denunció los maltratos y no a los agresores, por lo que los chicos siguen viviendo bajo el mismo techo”, sostuvo Neme.
En esa presentación, el empleado aseguró haber visto cómo su compañero les sacaba la comida del plato a tres chicos mientras comían, y que le prohibió expresamente servirles otra porción. También describió castigos contra un niño con discapacidad, que no hablaba y se alimentaba por botón gástrico, al que dejaba desnudo mirando a la pared y sin poder sentarse.
Cuando Elena denunció lo que le pasaba a su hijo, le suspendieron las visitas. Recurrió a la Justicia y, ante la falta de respuesta, se presentó con su abogada en la oficina de Niñez y se quedó allí hasta obtener la autorización para volver a verlo. “En el expediente decía que la mamá no tenía interés en ver a su hijo”, contó Neme.
El 4 de septiembre, cansado de los maltratos, el chico se escapó. Había memorizado el teléfono de su madre y le pidió a una vecina que la llamara. Ya con ella, volvió a relatar lo que había sufrido y mencionó a otro chico del hogar que, según dijo, “la estaba pasando muy mal”.
Sin embargo, la jueza ordenó que regresara a la institución. La familia se resistió y luego fue citada para que el nene declarara. Según la abogada, en el juzgado solo lo dejaron entrar a él, y desde afuera escucharon sus gritos: “Auxilio, me van a encerrar, mamá, te están mintiendo”. Madre e hijo fueron separados en distintas habitaciones y el chico fue sacado en una camioneta con vidrios polarizados hacia un hospital.
“Gritaba de forma desgarradora. Después lo sacaron en una camilla totalmente dormido. Un médico nos dijo que le pusieron medicamentos para un caballo. Siempre los dopan para tranquilizarlos”, denunció Neme. Al día siguiente se resolvió que fuera a vivir con su abuela materna en Corrientes, a 300 kilómetros, una mujer que había sido denunciada por violencia por su propia hija. A Elena, en cambio, le abrieron una causa por resistencia a la autoridad y le prohibieron salir de Clorinda, por lo que no puede visitarlo.
Hace unos días el nene volvió a escaparse, esta vez de la casa de su abuela. Hoy está bajo la tutela del Juzgado de Familia y Niñez N° 1 de Corrientes. “Tenemos la certeza de que esta vez será escuchado y que sus derechos y garantías serán respetados como marca la ley”, dijo la abogada.
Las denuncias alcanzan también a Renacer, la residencia para chicas que funciona a pocos metros y que depende del mismo hogar. Sara, que hoy tiene 18 años, pasó allí diez meses cuando tenía 16. Su madre, Marcela, contó que sus hijas mellizas atravesaban un consumo problemático y conflictos propios de la adolescencia, y que terminaron institucionalizadas. Según su relato, había 21 chicas y los empleados no tenían experiencia en el trato con adolescentes.
“A mis hijas las dopaban con esos famosos SOS (tranquilizantes) y las trasladaban a la guardia psiquiátrica de los hospitales”, denunció Marcela, que tampoco recibía información sobre ellas. Una de sus hijas fue trasladada a Chaco, Corrientes y Misiones y estuvo internada un año en una clínica psiquiátrica sin que ella lo supiera.
“Nos hacían tomar drogas como el clonazepam o el diazepam”, recordó Sara. Contó además que no las dejaban ir a la escuela, que las encerraban durante semanas en una habitación con cámaras y que les decían que sus madres no las querían. “Nos llevaban la comida, pedíamos ir al baño y daban vueltas. Nos decían que nosotras éramos el problema”, afirmó.
