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El Autódromo Roberto Mouras, ubicado en La Plata y sede de la última carrera de Turismo Carretera (TC) de la temporada 2027, fue clausurado por 180 días por orden de la justicia platense. La medida se fundamenta en graves irregularidades detectadas en las instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios inoperativos y un “deterioro estructural severo” en las gradas, lo que representa un riesgo considerable para la seguridad de automovilistas y espectadores.
El escenario, situado en la localidad de Abasto, a 20 kilómetros del centro de La Plata, también presenta críticas infracciones ambientales, como el acopio ilegal de neumáticos usados y una gestión deficiente de residuos especiales. La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, notificó estas deficiencias al presidente de la ACTC, Roberto Mazzacane, responsable de fiscalizar los eventos, y a su hijo Gastón, a cargo del Automóvil Club La Plata (ACLP), organismo organizador de las competencias en el predio.
La clausura surge tras una denuncia del ex piloto Julio Politano, que derivó en una investigación a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y culminó con un allanamiento en mayo pasado. La semana pasada, un operativo sorpresivo de la Policía Federal cerró los accesos al autódromo en el kilómetro 49 de la Ruta 2, interrumpiendo la séptima fecha del campeonato de la categoría A.L.M.A. Pilotos, equipos y público debieron ser desalojados antes del inicio de la competencia.
La confirmación de esta inhabilitación temporal genera incertidumbre sobre la continuidad de las actividades deportivas en el Mouras. La octava fecha de la Fórmula Uno Argentina, programada para este fin de semana, fue suspendida, al igual que la definición anual del TC, la categoría más popular. Asimismo, quedaron en suspenso los eventos de otras competencias como el TC2000 Platense, la Fórmula 5 y la Asociación Veinte de Mayo (AVZ).
Ante esta situación, directivos de distintas federaciones y categorías comenzaron a negociar la reubicación de sus competencias en circuitos alternativos, incluyendo los autódromos de San Nicolás, Olavarría, Balcarce y otros fuera de la provincia de Buenos Aires, con el fin de asegurar el cierre de los campeonatos de la temporada 2026.
La paralización del Autódromo Mouras también afecta a la economía local, impactando a equipos de competición, talleres mecánicos, servicios logísticos, comercios de Abasto y al sector hotelero y gastronómico de La Plata, que dependen del movimiento generado por el circuito.
El informe técnico elaborado por la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina, solicitado por la fiscal Di Lorenzo, identificó 13 irregularidades eléctricas, ocho de ellas con un nivel de riesgo alto. Entre las deficiencias detectadas se encuentran conductores sin protección ni canalización, algunos atados con alambre directamente a caños del sistema contra incendios. Además, se encontraron cajas de potencia expuestas, con fusibles sin tapa y bornes oxidados, interruptores de 400 amperes instalados sobre mampostería deteriorada, tableros abiertos con cables sujetos precariamente y una instalación sobre estructuras combustibles. También se detectó un grupo electrógeno con derrame de hidrocarburos.
En el sector de las gradas públicas, el peritaje señaló condiciones comprometidas de seguridad operativa, circulación peatonal e higiene, representando un peligro para la integridad física de los asistentes.
Esta no es la primera dificultad judicial que enfrentan Roberto y Gastón Mazzacane. Hace cinco meses, ambos fueron procesados y embargados por la Justicia Federal de La Plata, junto a otros familiares y empresarios, por evasión impositiva y defraudación al fisco. Según la investigación, liderada por la fiscal federal Laura Roteta, se habría cometido un fraude de casi 4 mil millones de pesos en poco más de cinco años mediante maniobras vinculadas a una distribuidora de cerveza operativa en la capital bonaerense.
La pesquisa determinó la existencia de circuitos de ventas no registradas, elusión fiscal y transferencias de propiedades entre sociedades, lo que derivó en el procesamiento de cinco empresarios, entre ellos miembros de la conducción de la ACTC y otro hijo de Roberto Mazzacane, Juan Manuel. El juez Alejo Ramos Padilla, del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, autorizó el embargo de más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias vinculados a los acusados.
