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Pocas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra ese tribunal con sede en La Haya para desfinanciarlo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington prohibirá las transacciones con la CPI, a la que calificó de “deshonesta”. “O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, afirmó. Según dijo, las medidas cortarán los recursos del tribunal y paralizarán “su capacidad de funcionar”.
Rubio no mencionó a Pillay ni al Nobel. Sostuvo que las sanciones buscan proteger a militares y funcionarios estadounidenses de ser procesados por un tribunal al que Estados Unidos nunca se sumó. “El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, aseguró, e instó a los aliados que integran la Corte a controlarla, advirtiendo que de lo contrario Washington seguirá trabajando para desmantelarla “ladrillo por ladrillo”.
La CPI rechazó las sanciones y afirmó que “la historia juzgará este momento”. En un comunicado, sostuvo que son “un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”.
Pillay, de 85 años, presidió el tribunal internacional para el genocidio de Ruanda, fue jueza de la CPI y luego encabezó una comisión de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza. La administración Trump ya había sancionado a funcionarios del tribunal, incluida su fiscal y varios jueces, por investigaciones que involucraban a Estados Unidos e Israel, y el mes pasado había pedido a todos los países miembros que abandonaran el organismo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ya había criticado el Nobel a Pillay, celebró las sanciones. “La CPI no es un tribunal. Es una entidad política”, afirmó, y agradeció a Trump y a Rubio por su liderazgo. Netanyahu tiene desde 2024 una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes contra la humanidad en Gaza.
